(La Tercera-Pulso) Falta de tecnología accesible para que las principales empresas contaminantes reduzcan sus emisiones, pocas señales de cambios en los procesos productivos que afectan al medioambiente y la precisión en la medición de las fuentes de CO2 y otros gases perjudiciales, marcan el trabajo en que hoy se encuentra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para establecer cuánto debe pagar cada empresa que contamina por medio de sus turbinas y calderas por medio los impuestos verdes.

“Cada vez son menores las inconsistencias y errores en el reporte de la información al sistema”, cuenta el jefe sección de calidad del aire y emisiones atmosféricas de la SMA, Juan Pablo Rodríguez, quien explica que pese a que este mes se cumplió el plazo para la entrega del último reporte de este gravamen, todavía no tienen cifras de emisiones verificadas completamente, pero que estarán en marzo para que el Servicio de Impuestos Internos realice el cobro correspondiente.

Sin embargo, tras haber recaudado US$379 millones desde 2017 tras su entrada en marcha con la promulgación de la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, el objetivo hasta la fecha no se ha cumplido. La idea de este gravamen es que las empresas motivadas por alivianar su carga tributaria implementaran en su procesos productivos tecnologías que permitieran que se redujeronsta ahora no se ha reflejado.

“Son varios factores lo que podrían explicar esta situación, por ejemplo, la implementación de mejoras en los procesos productivos o la instalación de sistemas de abatimiento conlleva en algunos casos a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). Además, la mayor parte de la recaudación de este tributo corresponde a las centrales termoeléctricas, para el cual la tecnología de abatimiento no está tan desarrollada”, comenta Rodríguez.

En 2017, con cobro en 2018, con 94 establecimientos afectados se recaudaron US$ 191 millones. Al año siguiente la recaudación bajó a US$ 188 millones, pero también lo hicieron las empresas obligadas a pagar este gravamen, las que para 2018 bajaron a 93.

En esa línea, el exjefe de la sección de división de fiscalización de la SMA, Juan Eduardo Johnson, proyecta que los establecimientos afectados para el cobro del impuesto de este año llegarán a 92 y con una recaudación similar a la de los años anteriores. “Yo he trabajado y he tenido que interactuar con un porcentaje importante de las empresas que están afectas al impuesto y no he visto una inversión importante para disminuir las emisiones”, dice el socio de la consultora Ecos Chile.

Mientras que desde el Ministerio del Medio Ambiente destacan que el proceso de cobro de los impuestos verdes. “La totalidad de los establecimientos afectos ha completado sus respectivos registros. Asimismo, durante los tres periodos de operación, todos cumplieron correctamente con el proceso de declaración de emisiones, finalizando de manera exitosa cada año de funcionamiento”, comentaron desde la cartera.

Nuevo panorama

A partir de marzo, con la promulgación de la nueva reforma tributaria, los impuestos verdes se aplicarán a toda fuente fijas y no solo por tener una capacidad instalada de 50 MWt, sino que será por aquellas que emitan 100 toneladas anuales de material particulado o más de 25.000 toneladas de CO2. Además, las empresas tendrán la posibilidad de compensar sus emisiones mediante programas que reduzcan su contaminación dióxido de carbono y así no pagar el gravamen.