Replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, estableciendo porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, con cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas, es una de las propuestas que se plantean en el documento «Políticas públicas para una adecuada implementación de la electromovilidad en Chile».

El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.

El estudio analiza los espacios de mejora para Chile, y propone políticas públicas concretas que logren impulsar el mercado de la electromovilidad chileno.

«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.

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«En particular, respecto a la comercialización de vehículos eléctricos, como medidas más relevantes proponemos replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, por la vía de establecer porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, estableciendo cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y, adicionalmente, establecer un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas», precisa el abogado.

En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».

«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.

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