(El Mercurio de Valparaíso) El 3 de septiembre de 2015, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet creó, bajo la resolución N° 890, el Consejo de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) para Quintero y Puchuncaví por la contaminación existente en ambas comunas.

La organización, que congrega a 25 miembros, tenía como finalidad crear un «diálogo democrático» entre representantes de la sociedad civil, gobierno, municipio y las industrias de la zona, para la elaboración del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), que fue aprobado, el 14 de julio del 2017.

Dos años han pasado de eso y los consejeros del CRAS denunciaron que el Ministerio del Medio Ambiente, específicamente la ministra Carolina Schmidt, no ha cumplido con las acciones para llevar adelante el PRAS, herramienta que propone en total 123 medidas de recuperación para ambas comunas, define 25 objetivos a alcanzar y 5 desafíos territoriales en Quintero y Puchuncaví.

Estas acciones, aseguran los consejeros del CRAS, no han tenido seguimiento ni se han llevado a cabo las acciones propuestas por la cartera del Medio Ambiente, por lo que presentaron un requerimiento para que la Contraloría General de la República investigue esta situación, entidad que confirmó que el documento «está en estudio».

Presentación y acciones

La presentación que hizo el CRAS a la Contraloría fue el 12 de septiembre de este año y en el documento detallan que denuncian a la «ministra del Medio Ambiente, la señora Carolina Schmidt, por no estar cumpliendo con la resolución N° 890 de su Ministerio (MMA) con fecha 3 de septiembre de 2015, que Aprueba Convenio Consejo para la Recuperación Quintero Puchuncaví, y la resolución N°645 del mismo Ministerio (MMA), con fecha 17 de julio de 2017, que aprueba el Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví».

En este sentido, afirman en el escrito que para poder contribuir a la elaboración participativa del PRAS, el ministerio «realizó un convenio con todos los actores del CRAS para poder funcionar, comprometiéndose a ciertas acciones que permitirían alcanzar los objetivos generales» y la creación del PRAS que fue aprobado el 2017.

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Sin embargo, para la implementación del programa – precisa el documento- «se requería una etapa posterior donde se realizará el seguimiento y evaluación de grado de cumplimiento de las soluciones propuestas. Esto se esperaba que se iniciará el 2017, porque a fines de 2016 se aprueba por el CRAS el texto definitivo con las soluciones PRAS».

Consignan que «para considerar iniciado este proceso de seguimiento, se requieren varias acciones que aún no se han realizado». En este sentido, la primera acción -según informaron a la Contraloría- consistía en la implementación de una plataforma web que aún no está disponible.

Seguimiento conjunto

Además, están las medidas consistentes en hacer un seguimiento conjunto; el compromiso de que el CRAS entregue información a la comunidad, para lo cual se iban a formar comisiones, lo que aún no se ha realizado, y realizar proyectos de acuerdo de las comisiones para fiscalización.

Referente a esto, en el documento se detalla que «hasta el momento, en este ítem no se ha avanzado casi nada, sólo tenemos el nombramiento de los coordinadores, pero se han dado situaciones que nos impiden poder llevarlas a cabo, por eso el año pasado se realizaron modificaciones al reglamento que destrababan esto. Sin embargo, después de más de un año nos informan que el ministerio no reconoce dichas modificaciones y hoy estamos estancados sin poder formar dichas comisiones».

Tras estos argumentos, la solicitud a la Contraloría plantea que si el Ministerio del Medio Ambiente «no cumple con el PRAS, tal como se acordó, estaría mal utilizando dineros del Estado».

Dificultades

Nielz Cortés, consejero del CRAS, aseveró que «estamos enfrascados y por eso mandamos a la Contraloría el informe, por no cumplir la etapa de seguimiento. Nos han puesto bastantes dificultades a nivel central y de la Seremi del Medio Ambiente para hacer seguimiento».

Cortés acotó que «el PRAS tiene medidas para la reducción de contaminación, mejoras tecnológicas y también en la recuperación social. En eso, una de las cosas que teníamos que hacer eran las comisiones, porque el objetivo era determinar cuánto avance había en cada una de las medidas y hubo mucha dificultad por parte del Gobierno porque no han querido reconocer que están en números rojos en el plan».

Consultada sobre la situación, la seremi del Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, precisó que «tal como en los años anteriores, las sesiones del CRAS se han continuado desarrollando de manera mensual. Es una instancia de diálogo permanente con la comunidad que zanjó 123 medidas para el territorio, las que se encuentran en etapa de seguimiento».

En este sentido, Gazmuri destacó que «el PPDA (Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica) como la nueva norma de SO2 (dióxido de azufre), que están en vigencia desde marzo 2019 y mayo 2019, respectivamente, son parte de las medidas PRAS. Los consejeros CRAS han sido parte de diversas actividades del territorio y exposiciones en el marco del PPDA».

Respecto a la denuncia al ente fiscalizador, Gazmuri reconoció que «a la fecha de hoy esta seremi del Medio Ambiente no ha sido notificada por la Contraloría».