Este jueves comenzarán las XIX Jornadas de Derecho de la Energía en la casa central de la Universidad Católica, donde el eje central será la institucionalidad y cambios, el cual tendrá la conferencia inaugural de Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional.

Alejandro Vergara, director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, institución que organiza el evento, señala a ELECTRICIDAD que uno de los principales temas que se analizarán este año son los impactos de la Ley de Transmisión.

¿Cuál es el objetivo de la versión 2019 de las Jornadas?

El principal objetivo de las XIX Jornadas de Derecho de Energía es el mismo que ha existido siempre en las demás versiones que se han venido organizando y ejecutando en los últimos dieciocho años, es decir, constituirse en una instancia de encuentro de especialistas y académicos para promover el debate sobre el estado, avance y desafíos que presenta esta disciplina del derecho.

No obstante, cada oportunidad de encuentro se caracteriza por poner énfasis en las materias más contingentes. Este año se pondrá especial atención al análisis que merece la nueva institucionalidad de la energía en nuestro país, que comenzó a regir tras las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.936 de 2016, pues ella ha tenido relevantes consecuencias en el modo de concebir la organización y coordinación del sistema eléctrico nacional.

Además de ello, es necesario abordar los futuros escenarios y desafíos que como país estamos prontos a enfrentar. Ello, pues el surgimiento de nuevas necesidades socioeconómicas, la sofisticación tecnológica y la protección del medio ambiente, exigen de la disciplina un constante perfeccionamiento de sus modelos regulatorios, en orden a garantizar el desarrollo de las distintas herramientas, tanto jurídicas como tecnológicas, que tiendan a la satisfacción de estas necesidades públicas.

En este contexto, la jornada se ha organizado en los siguientes ejes temáticos:
i) Institucionalidad y empresas;
ii) Distribución y cambios
iii) Servidumbres y transmisión, y;
iv) Energía y medio ambiente.

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¿Qué análisis realiza del actual escenario en el sector energético desde el punto de vista jurídico-regulatorio?

Desde un punto de vista institucional, y tras las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.936 de 2016, se impuso en el derecho de energía una política de predominio de los órganos de la administración centralizada del Estado distinto al modelo anterior, más equilibrado, y que garantizaba más vigorosamente la autonomía del despacho.

Esto cabe ser estudiado, buscando un mayor equilibrio institucional que debe existir entre los órganos de la Administración, el órgano coordinador y los privados (empresas de generación, transmisión y distribución). La opción adoptada en la última reforma a la LGSE entrega mayores y más potentes atribuciones de intervención a los distintos órganos administrativos sectoriales (Ministerio de Energía, CNE y SEC), sin perjuicio de que el Coordinador Nacional del Sistema Eléctrico Nacional, al menos en la letra de la ley, aspira a ser independiente.

Por lo mismo, es preciso estudiar la pertinencia de futuras reformas legales que entreguen, de forma más efectiva, la referida autonomía al ente coordinador, de manera que las decisiones económicas, de operación e información no sean capturadas y determinadas por otros órganos administrativos, sino que las atribuciones que por ley le corresponden sean ejecutadas con la mayor independencia que sea posible.

Cabe igualmente examinar el modelo de regulación institucional, al interior de la administración, pues actualmente existen un órgano, la Comisión Nacional de Energía, que ejecuta decisiones que bien podrían corresponderles tanto al coordinador eléctrico como al Ministerio del ramo. De este modo, las acciones se ordenarían y ejecutarían de manera más flexible y eficiente.
Con todo, cabe valorar la existencia y permanencia de un tribunal híper especializadísimo en la materia, como es el Panel de Expertos, pues este se constituye como la vía idónea ante la existencia de cualquier controversia que exista entre las empresas privadas, entre alguna o algunas de estas y el coordinador, o entre estos últimos y los órganos administrativos sectoriales respectivos.

A su juicio, ¿Cómo las ponencias que se verán en la jornada marcan los desafíos para la industria?

El debate académico especializado que se da con ocasión de la celebración de estas jornadas sirve como una plataforma inicial de discusión en la que los distintos participantes (académicos, especialistas, abogados y estudiantes) pueden aportar su visión sobre las distintas materias y desafíos que actualmente enfrenta la industria de la energía en nuestro país.

En ese contexto, podría decir que la mirada teórica, práctica y especializada que los ponentes comparten con todos los asistentes, sobre los distintos temas ya mencionados, sirve para erigir las preguntas iniciales que deben darse sobre el análisis y los desafíos que, actualmente, enfrenta el derecho eléctrico.

Un ejemplo palmario de esto último han sido los distintos compromisos políticos que ha anunciado el Ejecutivo en el último tiempo, como por ejemplo, la transición energética desde el carbón hacia las energías renovables no convencionales, la planificación tendiente a garantizar un suministro eléctrico seguro y de calidad (para evitar, de esta manera, los black outs), por nombrar algunos.