(El Mercurio) A mediados de junio, antes de que el Reino Unido aprobara a fines de ese mismo mes la ley que fijó el año 2050 como la meta para alcanzar la carbono-neutralidad -que capturará todas sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero-, su ministro de Hacienda, Philip Hammond, advirtió que el costo anual de esta propuesta podría superar las 70 mil millones de libras, unos US$88 mil millones, lo que restaría recursos a otros sectores, como educación, seguridad y salud pública.

En forma oficial, el gobierno británico aseguró que dicho costo lo asume toda la economía y no solo a nivel fiscal, ante lo que Hammond respondió que la propuesta implicaría en forma significativa a las empresas -especialmente las más pequeñas- , razón por la que «las implicaciones de perseguir el objetivo de carbono-neutralidad debían ser mejor comprendidas».

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