(La Tercera-Pulso) Ad portas de que se de a conocer la resolución del Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, respecto a la prohibición de realizar tronaduras a Mina Invierno, perteneciente a los grupos Angelini y Von Appen, un grupo de sindicatos de la empresa solicitó a la instancia judicial que realice una inspección a la faena minera.

“Que con la finalidad de que S.S. Ilustre pueda conocer de manera directa la operación minera, las medidas de resguardo paleontológico y su efectividad, así como la situación en la que se encuentran los trabajadores que integran los sindicatos que represento, vengo en solicitar la inspección personal del Tribunal a la faena de Minera Invierno”, señala el escrito ingresado este jueves.

Asimismo agrega que “todo ello con el objeto de dotar a S.S. Ilustre de la mayor cantidad de antecedentes para resolver tanto la controversia cautelar pendiente como la cuestión de fondo”.

Cierre

La semana pasada el directorio de la compañía decidió paralizar la faena ubicada en Magallanes, proceso que se haría totalmente efectivo a partir de fines de octubre o principios de noviembre, tras el revés que recibió a inicios de mes por parte del Tercer Tribunal Ambiental, que rechazó la solicitud para revertir una medida cautelar, vigente desde marzo, que le impedía realizar tronaduras por impacto a los fósiles vegetales.

En 2016, la compañía solicitó un permiso ambiental para operar con tronaduras, y pese a obtener la autorización y el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental -y a haber realizado ya 43 tronaduras- la justicia ambiental emitió una medida cautelar prohibiendo tal actividad, a la espera de la sentencia definitiva que ya está en acuerdo y que se espera para los próximos días.

La medida cautelar decretada por el Tribunal Ambiental de Valdivia se dio en el marco de la reclamación interpuesta por particulares contra la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Tronaduras, de Mina Invierno en Isla Riesco, ubicada en la Región de Magallanes.

En paralelo en el tribunal hay tres recursos presentados por la empresa, el sindicato de la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental, en los cuales se pide levantar la medida cautelar.

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Despidos

La empresa argumenta que no es posible seguir realizando la explotación del yacimiento sino se realizan tronaduras, por que lo que está realizando un proceso gradual de cierre de la faena.

Previo al inicio del proceso de paralización de actividades la empresa contaba con una dotación de 570 trabajadores propios y 500 contratistas.

Respecto a los primeros tras los 150 despidos anunciados la semana pasada los trabajadores desvinculados ya suman 230. Recientemente el gerente general de la compañía, Sebastián Gil, aclaró que en el caso de que el Tribunal no revierta la prohibición de realizar tronaduras y se deba paralizar definitivamente la mina, la dotación quedaría reducida a unos 50 empleados, que es la cantidad de gente que se necesita para realizar la labores de mantención y cierre propias de un yacimiento que ya no está produciendo.

El ejecutivo precisó que alrededor de un 90% de los trabajadores son de Magallanes, y que tomando en cuenta que no existen otras actividades mineras comparables en la región, en caso de querer seguir ejerciendo labores en el sector minero, dichos trabajadores deberían trasladarse a otras regiones.