(La Tercera) La salida de Susana Jiménez del Ministerio de Energía estuvo marcada por la polémica por los medidores inteligentes. Aunque en las últimas semanas logró retomar el control de la agenda, con anuncios como el plan de retiro de la totalidad de las centrales a carbón existentes en el país a 2040, su suerte -aseguraron fuentes de gobierno- estaba zanjada.

Comenzó a definirse el martes 5 de marzo, cuando el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo una frase que encendió la polémica: “El usuario paga todo”, dijo respecto a la polémica por los medidores inteligentes. Y las redes estallaron.

Fue el inicio de una controversia de la que la ministra Jiménez, exsubdirectora de Libertad y Desarrollo, independiente cercana a la UDI y reconocida como estudiosa y de gran capacidad técnica, no pudo sacudirse y que, a la larga, terminó costándole el puesto. El escenario hostil que debió enfrentar se vio agravado por críticas desde su propio sector político.

El problema se originó luego de un reportaje de Ciper que advirtió que el recambio de medidores por los inteligentes costaría US$1.000 millones y que deberá ser pagado por los usuarios. Si bien cuando la noticia se difundió se generó gran revuelo, el tema ya estaba decantando cuando el Presidente Piñera dijo aquella frase que avivó aún más la polémica.

Cercanos a la ministra aseguran que se trató de un error del que ella debió asumir toda la responsabilidad, pero que no fue la única que tuvo culpa. Sin embargo, lo que se le endosó en su minuto es, más que la responsabilidad en aquel episodio, la falta de manejo, lo errático de sus intervenciones y la lentitud en poner término al problema.

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Una de las primeras medidas de la ministra de la cartera fue conformar una mesa de trabajo con las empresas distribuidoras para buscar ponerle fin al tema, pero de manera anticipada Jiménez anunció que Enel indemnizaría a todos los clientes con $10 mil. El objetivo era que el resto se sumaran a la iniciativa. Sin embargo, las otras no reaccionaron de la misma manera. En medio de la polémica, Jiménez buscó otra fórmula. Ahora el recambio sería “voluntario”, pero seguiría con fecha tope, y se ingresaría una ley corta para disminuir la rentabilidad de las empresas distribuidoras. El mensaje para la ciudadanía fue confuso, pero también le costó la crítica oficialista.

Luego de varios días de silencio y reuniones con las empresas, dio a conocer su anuncio final: el recambio además de ser voluntario implicaba que las compañías devolverían todo lo cobrado por la tecnología.

Otro punto que se le cuestionó fue que no pudo ser capaz de instalar el mensaje de que se trataba de una política pública necesaria y acertada, pues la modernización de los equipos permite un sinfín de oportunidades para los clientes, entre ellos, la gestión de demanda, la masificación de la generación distribuida (que las casas puedan generar su propia energía) e incluso ahorros para el usuario, pues la distribuidora podría ofrecerle energía a determinados horarios a mejores precios.

La responsabilidad que ella sí ha asumido es que cuando se publicó el decreto, a fines del año pasado, el ministerio no lo comunicó y lo dejó pasar. Entonces, cuando los usuarios se dieron cuenta que se les estaba cobrando $170 en promedio por el arriendo del medidor inteligente, tomaron esto como un abuso.

En el gobierno -sin embargo- sostienen que hace unos días sus declaraciones en Pulso en las que sostuvo que el Presidente estuvo al tanto paso a paso de la crisis de los medidores inteligentes fue mal evaluada pues endosó a Piñera responsabilidad en el episodio.