(La Tercera-Pulso) A espera de las definiciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la continuidad del contrato que mantienen con la central El Campesino -que aún sin estar construida, eleva en $187 en promedio las cuentas de luz- están las empresas de distribución eléctrica.

Aunque la CNE no tiene facultades para invalidar el contrato y, al ser las distribuidoras las titulares del contrato son estas las que podrían llevar el caso a la justicia, el organismo ha pedido una solución alternativa a las partes. La CNE puede rechazar o aprobar una modificación del contrato.

Es esta decisión la que esperan las empresas. PULSO consultó a la principales distribuidoras de electricidad del país: Enel, Chilquinta y CGE no quisieron referirse al tema.

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No así Saesa, desde donde señalaron que, al ser una empresa regulada “debe actuar según lo que la autoridad defina”. “Estamos a la espera de sus definiciones respecto de la validez o continuidad del contrato firmado con El Campesino”, se agregó.

Una fuente de la industria explicó que el tema es delicado para el sector y que, por tanto, ha sido analizado profundamente en su legalidad. Por ahora, los análisis plantean que hay escasa posibilidad de éxito si se decide judicializar el contrato o llevarlo a arbitraje, por lo que se ha decidido esperar la definición que la CNE tome sobre la continuidad y validez del mismo.