(La Tercera-Pulso) La entrada en vigencia de un contrato de abastecimiento firmado entre las distribuidoras eléctricas -entre ellas, Enel y CGE- y el proyecto El Campesino, que encarece las cuentas en 0,6% pese a no estar construido, levantó polémica ayer.

El contrato entró en vigencia en enero, pero fue solo hace unos días que esto se oficializó, luego que Contraloría tomara razón del decreto, tal como informó PULSO. La empresa El Campesino S.A., conformada por Andes Mining Energy (AME) y la francesa EDF, se adjudicó este contrato en una licitación realizada en 2014, ofreciendo un precio de US$110 por MWh. Para abastecerlo, se comprometió a construir una central termoeléctrica a gas en la actual región de Ñuble.

El problema es que esta central no está en construcción y está lejos de comenzar a inyectar energía por diversas razones, entre ellas, un fallo judicial. A esto se suma la férrea oposición de las comunidades.

Ayer, en el contexto de la cuenta pública de Energía, la ministra del ramo, Susana Jiménez, aseguró que la actual administración ha estado abordando el tema “porque es algo que se veía venir hace años, pero no se había hecho nada al respecto”.

“La CNE, haciéndose cargo de este retraso, ha solicitado a las empresas que revisen el contrato y cualquier modificación que se haga tiene que ser aprobado por la CNE”, dijo Jiménez.

A la vez, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, fue crítico con el rol de la administración anterior. “Llama la atención que la central hace rato se sabía que no se hacía, y nada se hizo en 2017 cuando estaba súper claro que la central no iba a estar lista para el 2019”, disparó.

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Habla la empresa

Alfonso Ardizzoni, gerente general de Generadora Metropolitana, empresa controlada por AME y EDF y relacionada con el proyecto El Campesino, accedió a contestar por escrito un cuestionario. En sus respuestas, asegura que tienen un plan de inversiones en desarrollo -el que considera a la central El Campesino- y que no ven ninguna razón para que el contrato se invalide.

¿Cómo se entiende que ustedes se presenten a la licitación con un proyecto y este luego no se construya?

-La construcción de El Campesino comenzó en diciembre de 2016. A fines de enero del año 2017 la Corte Suprema, por un error de la autoridad al terminar un proceso de consulta indígena, revocó la RCA del proyecto que suministraba gas natural a la central, lo que paralizó la construcción. Hasta la fecha hemos gastado más de US$100 millones. Las turbinas y la caldera ya están construidas y embaladas para ser despachadas a Chile.

¿Cuándo notificaron a la CNE que la central no iba a alcanzar a estar construida en los plazos acordados?

-Nuestra relación contractual es con las 23 distribuidoras, no con la CNE. Las distribuidoras son informadas bimensualmente de los avances del proyecto.

La CNE ha oficiado a las distribuidoras para que presenten un plan alternativo ante la no construcción del proyecto. ¿Han conversado sobre este punto con las distribuidoras?

-Tal como decíamos antes, estamos en permanente contacto con ellas.

¿Cuándo presentarán ese plan alternativo?

-Nosotros podemos suministrar responsablemente nuestro contrato con las centrales propias que tenemos actualmente. Adicionalmente, tenemos un plan de expansión de nuestro portafolio que contempla la construcción de centrales adicionales renovables y a gas. Ciertamente el desarrollo de este plan se ha visto frenado por el conflicto que ha producido la CNE.

¿Están dispuestos a renegociar ese contrato?

-El 2014 El Campesino fue a una licitación y presentó el menor precio, por eso nos la adjudicaron. Esto fue en medio de una licitación pública, competitiva, regulada, no discriminatoria y trasparente. Los contratos se están cumpliendo a cabalidad y no vemos motivos para renegociarlos. Esta no es una licitación de centrales, sino que una de suministro eléctrico.

¿Qué pasa si la autoridad insiste en que ese contrato se renegocie?

-Si nosotros no hubiéramos ganado la licitación, el precio de la energía para los consumidores sería mayor. Por eso no entendemos este cuestionamiento. Hemos ido más allá de nuestras obligaciones para dar certeza a los clientes.

Este es un contrato entre particulares y la CNE no tiene facultades para modificarlos, como varios expertos ya han dicho.