(La Tercera / Pulso) En materia de energía, sin duda el tema del momento ha sido la instalación de los nuevos medidores inteligentes. Esto, luego de que el presidente Sebastián Piñera admitiera que los usuarios deberán pagar el costo de los nuevos dispositivos y que se calculó en $ 200 mensuales.

Los dichos del mandatario significaron que la industria y el propio gobierno enfrentara una lluvia de críticas ante las suspicacias que despiertan los aparatos y la nueva forma de medir el consumo. De hecho, algunos parlamentarios, quienes en su momento aprobaron el cobro, buscan ahora revertir esa ley aprobada a principios de 2018.

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Según cifras del Ministerio de Energía, a la fecha ya se han instalado 500 mil aparatos en calidad de piloto, de los cuales 280 mil se han puesto en 33 comunas de la Región Metropolitana.  El resto de los medidores son de Chilquinta en la Quinta Región y de Saesa al sur de Chile.

Y es precisamente una de las subsidiarias de la empresa italiana, e-distribuzione SpA, la que provee estos dispositivos, según consignó la revista Electricidad. Mientra que el valor comercial del aparto sería de US$132 ($87.500), según estimó Ciper.

La compañía italiana es la responsable de la fabricación y distribución del modelo Cerm 1.

Cabe recordar que la ley establece que a 2025 se deberá cambiar todo el parque de medidores del país, lo cual supone una inversión global de unos US$ 1.000 millones.

Con todo, hay que señalar que la autoridad aún no fija el estándar de estos medidores inteligentes y que aún está en consulta. Por lo mismo, la autoridad los denomina como “medidores electrónicos”.

Y como no existe definición aún, es posible que incluso deban ser retirados todos los que están instalados a la fecha

“Se está elaborado el anexo técnico con las condiciones de los medidores que está en consulta pública. Debiéramos esperar que esté listo durante el próximo mes”, señaló la ministra de Energía, Susana Jiménez, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, hace algunos días.

“Las características las va a determinar el anexo técnico, por lo que, si no cumplen, se tienen que sacar”, enfatizó.

Y la controversia en torno a los medidores no para ya que la propia secretaria de Estado anunció esta tarde que se está negociando con las distribuidoras para que paguen a sus clientes por medidores antiguos, medida que beneficiaría a unos 4,8 millones de propietarios actuales de aparatos.