“Más que una revolución, lo que hemos visto es una contrarrevolución de la normativa del sector eléctrico”, afirmó Alejandro Vergara, director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, al resumir el estado de ánimo de autoridades, empresas, organizaciones y juristas sobre “la nueva institucionalidad y sus desafíos pendientes”.

Este fue uno de los puntos abordados en las XVIII Jornadas de Derecho de Energía UC, en el Salón de Honor de la Universidad Católica de Chile, con la participación centenares de profesionales, empresas, estudios jurídicos, investigadores y autoridades del sector.

Propuestas

Las propuestas de perfeccionamiento abarcaron terminar con la competencia de roles entre el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, además de poner fin al control de la autoridad administrativa sobre las decisiones del Coordinador Eléctrico Nacional y a la complejidad del entramado de las responsabilidades y obligaciones del Coordinador y sus directores, junto a las restricciones que impone la ley actual a la iniciativa privada para mejorar la infraestructura de generación y transmisión.

Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Energía del actual gobierno, ofreció la charla inaugural del evento, donde expresó su inquietud respecto al “modelo pendular” con que ha evolucionado la legislación eléctrica chilena. Destacó que la capacidad del sistema se cuadruplicó entre los años 1973 y 2015, lo que demostraría lo exitoso del paradigma basado en la iniciativa privada, la seguridad y eficiencia del sistema, y el rol subsidiario del Estado. “Estos principios se fueron consolidando con la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, que se propuso desburocratizar y disminuir la injerencia del Estado”, agregó.

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Luego aludió al concepto de “revolución eléctrica” acuñado en un libro relacionado con la gestión de Máximo Pacheco como ministro de Energía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, durante la cual se introdujeron las recientes y profundas reformas a la legislación de este mercado.

Según Irarrázabal, “uno puede decir… ¿cuál fue realmente la revolución? A mi entender, la verdadera revolución fue imponer una lógica que cambió radicalmente esta actividad en los años ochenta. Es decir, dictar la Ley General de Servicios Eléctricos, cuyo objetivo era lograr el máximo bienestar de la ciudadanía al establecer condiciones de eficiencia económica en el sector de energía”.

Como prueba de los beneficios de aquella normativa, el subsecretario de Energía afirmó que “esa verdadera revolución de los años 80 permitió hacer inversiones, que el nivel de acceso a la electricidad transitara de 60% en 1970 a 90% en 1990 y sobre 99% en la actualidad”.

En lo institucional, Irarrázabal puso énfasis en el continuo cambio en la organización administrativa, que comprende la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los Centros de Despacho Económico y Carga (reemplazados por el Coordinador Eléctrico), la creación del Ministerio de Energía, el Panel de Expertos y la Agencia de Eficiencia Energética, entre otras entidades.

Esta expansión en la cantidad de actores, funciones y objetivos provocaría lo que el subsecretario calificó como “roces y contradicciones”. Como ejemplo citó lo que ocurre entre el Ministerio de Energía y la CNE. Mientras el primero tiene por ley la función de elaborar, coordinar planes, políticas y normas para el buen desarrollo del sector, la segunda debe analizar precios, tarifas y normas técnicas, señaló.

“Esta compleja discusión es importante porque hay que equilibrar distintos elementos que tienen que ver con cada uno de los pilares de desarrollo sustentable. Esa discusión evidentemente tiene que darla el Ministerio de Energía. No puede darla la CNE, que tiene una labor trascendente y supeditada una norma específica. Pero la impresión que tuvimos muchos de nosotros cuando llegamos al gobierno es que mucha de la política pública es elaborada en la CNE, más de lo que se hace en el Ministerio de Energía”, recalcó.