Imagen: Enap
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La soterrada guerra en Enap que enfrenta a la alta gerencia con los sindicatos

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) ha sido destacada recurrentemente como una compañía de excelentes relaciones laborales. Los premios están ahí. Sin embargo, en una segunda capa, las cosas no tienen nada de apacibles. Mientras la administración trata de contrarrestar el poder de los sindicatos institucionalizando el diálogo y restándoles atribuciones, estos últimos tratan de instalar la idea de que la gestión de los últimos años ha estado marcada por afanes privatizadores.

(El Mercurio) Días de contraste son los que se viven en la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Este año, la compañía fue elegida como una de las ocho firmas finalistas del Premio Carlos Vial Espantoso, galardón que reconoce a las organizaciones con buenas relaciones laborales. Nada más alejado de lo que se vivió el 25 de octubre.

Ese día se desarrolló la primera reunión de trabajo formal entre los ejecutivos de la empresa y Nolberto Díaz en su condición de nuevo presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech), organización que agrupa a siete sindicatos de la empresa.

Díaz había sido elegido como número uno de los trabajadores del petróleo recién a mediados de octubre. Los ejecutivos lo conocían de sobra, claro está, ya sea como presidente del Sindicato de Enap Con Con o como secretario general de la CUT.

Pero el debut con este nuevo rótulo no pudo ser peor. La reunión -marcada desde el inicio por un tono que, por su dureza, ahora hace especular a los ejecutivos sobre una crisis prefabricada- terminó con un incidente en que Díaz y el gerente de Gas y Energía de la empresa, Alfredo del Carril, se acusan mutuamente de agresión.

Incidentes de este calibre son inéditos en la empresa, pero distan de constituir una pequeña tormenta en medio de aguas calmas. Al contrario: los incidentes del 25 de octubre son el corolario de una soterrada disputa entre la plana ejecutiva de la compañía y los líderes sindicales, confrontación que tiene antecedentes incluso durante los meses de instalación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando las distintas fuerzas políticas comenzaron a medir fuerzas para tomar posesión del Estado.

La instalación comenzó con la primera derrota del G-90
Si hay algo en que coinciden los trabajadores y ciertos ejecutivos de Enap, es en que, curiosamente, la relación entre los sindicatos y la administración fue mejor durante el gobierno de Sebastián Piñera que en estos años de Michelle Bachelet. Esto, a pesar de que entre marzo de 2010 y marzo de 2014 hubo 523 despidos originados por la fuerte crisis que vivía la compañía. “No escuché nunca a Nolberto Díaz levantar la voz cuando la empresa estaba destruida; quizás estaba más preocupado de sus asuntos en la CUT”, indican fuentes de la estatal.

“Ni un problema con Ricardo Cruzat”, agregan hoy fuentes del sindicalismo de la empresa, en alusión al ejecutivo que ocupó la gerencia general hasta el 13 septiembre de 2013.

Los problemas comenzaron a partir del 15 de diciembre de 2013, cuando se confirmó el triunfo de Bachelet en segunda vuelta. Entonces se hizo vox populi en los pasillos de la petrolera -principalmente en las sedes sindicales- que uno de los nombres que sonaban en “La Moneda chica” de calle Guacolda para ocupar la gerencia general de la compañía era el del abogado Alex Matute Johns, hijo del histórico ex presidente de la Fenatrapech Jorge Matute e integrante del G-90 del PPD, el mismo clan político que lideraba Rodrigo Peñailillo, quien luego ocupó el cargo de ministro de Interior.

La oposición que transmitieron los líderes sindicales de la empresa a la opción de Matute Johns -con amenazas de paro mediante- hizo que durante el verano de 2014 esa opción fuera perdiendo fuerza. En mayo de 2014, finalmente, asumió el cargo el economista Marcelo Tokman (PPD), quien desde el primer momento conoció del poder que ostentan los sindicatos de Enap.

Durante la instalación, los sindicatos transmitieron claramente la idea de que ellos eran los dueños de casa, bajo el argumento de que los ejecutivos pasan y los sindicalistas quedan. Esta idea fuerza volvió a quedar clara en la carta que Nolberto Díaz les envió a los trabajadores el 31 de octubre de este año a propósito del incidente con Del Carril: “La Enap no parte ni termina con esta administración, el movimiento sindical petrolero no es nuevo en Enap y la conoce como el que más”.

La continuidad es clave para consolidar los cambios
Los ejecutivos de la compañía han escuchado más de una vez que ellos están de paso y que los sindicalistas permanecen, y que los cambios se hacen con los trabajadores o no se hacen, idea que denominan proyecto común de empresa y que para otros es un eufemismo de cogobierno. Por eso, lejos de amilanarse por la pelea de hace dos semanas, en la gerencia de la empresa se fortaleció la idea de que “la continuidad en la administración de la compañía será clave para consolidar los cambios que se han hecho”.

¿Es viable esa continuidad? La nueva ley de Gobierno Corporativo de la Enap, promulgada por la Presidenta Bachelet en julio de este año, indica que sí. La iniciativa permite la conformación de un directorio independiente, integrado por siete miembros: dos designados directamente por el Presidente de la República, cuatro provenientes de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública y uno elegido por los trabajadores de la empresa. Con esto se fija un modelo de Gobierno Corporativo sin la representación de ministros u otras autoridades.

Con todo, las huellas políticas de los manotazos del 25 de octubre son grandes: “Le rayaron la pintura” a Tokman, señalan fuentes de la empresa, justo al finalizar una gestión considerada exitosa, lo que podría restar opciones de que el ejecutivo proyecte su estadía en la Enap más allá del 10 de marzo o darles continuidad a los cambios.
Del Carril constató lesiones en una clínica y Díaz presentó demanda por $266 millones

El incidente de hace dos semanas todavía ofrece detalles desconocidos. Como por ejemplo, quién ganó el quién vive a la hora de denunciar. Ese mismo 25 de octubre, indican testigos del incidente, el ejecutivo Alfredo del Carril, quien es la segunda autoridad después de Tokman en Enap, constató lesiones en una clínica de Santiago, mientras que al día siguiente los sindicatos notificaron la situación a través del Sistema de Gestión de Incidentes (SGIO) de la empresa.

Seis días después, el gerente general de la compañía, Marcelo Tokman (PPD), denunció a través de una carta enviada a todos los trabajadores que, al finalizar la reunión, Díaz golpeó a del Carril.

El dirigente sindical entregó la versión contraria: que él fue el agredido y demandó a la empresa por prácticas antisindicales, en una acción patrocinada por los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin y que busca una reparación de 10 mil UF ($266 millones).

Empresa asume tareas con la comunidad que antes cumplían los sindicatos y aumenta control de las contrataciones
Fuentes de la compañía afirman que durante la gestión de Tokman los sindicatos han ido perdiendo fuerza, lo que estaría detrás del incidente del 25 de octubre.

“Se ha buscado que el diálogo se realice siempre de manera pública”, afirman esas fuentes.
Prueba de ello -señalan- es que desde 2014 la compañía ha ido institucionalizando las instancias de diálogo, encuadrándolas en un calendario conocido por todos y sin espacio para el lobby fuera de libreto.

La idea detrás de este cambio -afirman esas fuentes- es reducir al mínimo posible las reuniones informales. “Esos espacios de informalidad, fuera de cualquier mecanismo de control, fueron tierra fértil para que los líderes sindicales presionaran a los ejecutivos”, afirman esas fuentes.

Para reducir el nepotismo que campeaba en la empresa -agregan fuentes de la empresa- se incorporaron cortapisas para las nuevas contrataciones. Por ejemplo, la exigencia de realizar declaraciones juradas para explicitar todos los conflictos de interés, principalmente los vínculos con familiares que se desempeñen en la empresa.

Desde los sindicatos, en tanto, descartan la eficacia de estas medidas. “Son los sindicatos los que han exigido a la empresa que la prioridad a la hora de efectuar una contratación la tengan los trabajadores subcontratados, y no los familiares”, retrucan.

Otra medida adoptada por la empresa -señalan fuentes de la Enap- es que se buscó separar el quehacer de los ejecutivos respecto al de los dirigentes sindicales. Si hasta hace tres años había unos 200 ejecutivos sindicalizados, ahora no hay más de treinta. La idea -agregan- es evitar que los sindicatos colonicen a la alta dirección.

“Antes los ejecutivos se podían sindicalizar y, con eso, multiplicaban los beneficios. Logramos que ya no estén sindicalizados”, señalan desde la firma.

A esto se suman otros cambios que han contribuido a tensionar las cosas: se establecieron nuevos controles para el uso de viáticos y, dos, parte de las tareas de relacionamiento con las comunidades que hasta hace unos años llevaban adelante los sindicatos fueron asumidas por la gerencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, lo que redujo la influencia de los líderes sindicales en el tejido social que rodea a las plantas de la Enap: “Les queda el Centro Cultural Casa Abierta de Con Con -instancia de responsabilidad social-empresarial que lidera el presidente de la Fenatrapech, Nolberto Díaz-, pero le hemos hecho tres auditorías”, afirma una fuente de la compañía.

En los sindicatos, en tanto, rechazan abiertamente que la empresa pretenda instalar dudas sobre la acción social que desempeñan los dirigentes. Señalan que acaba de finalizar una auditoría al proyecto Casa Abierta (creada hace 14 años por Díaz) y que no encontraron nada. Destacan que hay 1.500 personas participando en las actividades de este centro cultural, entre ancianos que hacen yoga, jóvenes que participan de talleres de música, etc. “No hay ningún militante DC trabajando aquí”, aseguran.

Como contrapartida, los trabajadores dicen que cualquiera que sea el Gobierno que venga, prefieren un cambio en la dirección de la compañía que involucre una auditoría completa a la gestión de estos años.

Sindicato consigue $140 millones anuales para becas de capacitación
A pesar de los conflictos, el distanciamiento entre la administración y los sindicalistas no sería total, y para ello ponen cifras sobre la mesa: en la negociación colectiva de este año, afirman, la empresa le concedió al sindicato que lidera Nolberto Díaz un aporte para capacitación sindical de $140 millones anuales, cifra que sería diez veces superior al aporte de $14 millones que contemplaba el contrato colectivo anterior. “La administración creía que con eso iba a comprar la paz con los trabajadores”, dicen conocedores de la empresa.¿Qué dicen en la compañía sobre este aporte al sindicato, otorgado en un proceso de negociación colectiva que correspondía hacer en octubre -con la nueva legislación laboral- y que se hizo en febrero de este año? Que si bien el aumento de las platas para capacitación es real, lo que hay que hacer antes de sacar conclusiones es comparar las mallas completas de beneficios incorporados en los contratos colectivos, puesto que hay otras partidas que disminuyeron.

“No nos hemos salido en ningún momento del marco que estableció el Ministerio de Hacienda”, aseguran en la Enap.
Fuentes sindicales agregan que estos $140 millones no suponen un aumento respecto a lo que recibían hasta ahora, sino un trasvasije de recursos: antes, las platas para becas las gestionaba la empresa y ahora lo hacen directamente los sindicatos. Pero no hay aumento alguno.

Esas mismas fuentes agregan que, si de becas se trata, la administración de la empresa también hace uso de ellas. En el anexo de contrato de ejecutivos, actualizado al 15 de marzo de 2016, se establece que los altos funcionarios tienen derecho a becas para sus hijos por el 80% de la escolaridad sin tope, con excepción del gerente general, al que se aplica un tope de hasta el 50%. En el caso de los trabajadores, esa beca tiene un tope de 6 UTM ($159 mil).

En la compañía explican que la decisión de mejorar estos beneficios para los ejecutivos es efectiva, pero que se adoptó porque todos los estudios de compensación de la empresa arrojan que sus ejecutivos están pagados por debajo del promedio de mercado. Los 11 gerentes de primera línea de Enap, por ejemplo, ganan entre 25% y 50% del promedio de mercado para el mismo cargo en empresas con ventas similares, indican fuentes de la petrolera.

Los trabajadores no ejecutivos de la Enap, en cambio, ganan cerca de un 30% más en comparación con el promedio de empresas como Copec o Abastible, agregan otras fuentes.

Conocedores de la empresa agregan otro indicio de que el poder de los sindicatos sigue firme: el representante de los trabajadores en el directorio de la compañía, recién elegido, es Marcos Varas, nada menos que el brazo derecho de Nolberto Díaz.
Este poder se sostiene también en las altas tasas de sindicalización al interior de Enap: si la empresa tiene 3.200 trabajadores, al menos 2.700 están bajo el alero de la Federación.

El propio incidente del miércoles 25 de octubre es una muestra de poder de los sindicatos: esa reunión de trabajo se dio porque la administración necesitaba revisar con los sindicatos una decisión de carácter estratégico, como es el traspaso del 10% de la planta de hidrógeno de Biobío a la compañía privada Linde. Tanto, que antes que comenzaran los incidentes, ambas partes habían acordado establecer una mesa técnica para despejar las preocupaciones de los sindicatos respecto del negocio.

Dos ejecutivos considerados cercanos a los trabajadores fueron despedidos en los últimos años

Según fuentes sindicales, el quiebre en la relación con los ejecutivos de la empresa no responde a la pérdida de poder ni al manejo de platas más o platas menos, sino a una serie de decisiones de la administración que tienen que ver con despidos y, principalmente, lo que consideran afanes privatizadores del equipo de Tokman.

En estos cuatro años, unos 600 trabajadores han sido desvinculados por distintas razones, pero muchos de ellos han sido reemplazados por nuevas contrataciones, dicen fuentes de la compañía. Esta rotación es importante si se considera que Enap tiene unos 3 mil empleados.

A esto se suma que en este año la Enap desvinculó a dos de los ejecutivos más cercanos a los líderes sindicales. Primero fue el turno del ex gerente de Relaciones Laborales Osvaldo Badenier, hermano del ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier, quien integró inicialmente el comando de la candidata Carolina Goic.

El despido se originó el 9 de diciembre de 2016, cuando Badenier notificó al gerente de Ética y Cumplimiento de la empresa (Compliance), Alejandro Charme, su intención de participar de las elecciones internas de la DC, situación que llevó a su despido el 9 de enero de 2017.

Un informe de la gerencia de Compliance de Enap, con fecha 29 de diciembre de 2016, concluyó que el ejercicio paralelo del cargo de gerente de Relaciones Laborales y vicepresidente de un partido político era incompatible, principalmente, por lo que dice relación con el resguardo del patrimonio de la empresa y los recursos destinados para el ejercicio del cargo (comisiones de servicio, pasajes y estadías en otras localidades de Chile).

El segundo caso ocurrió hace menos de un mes, cuando el gerente de Recursos Humanos de la Enap, Javier Fuenzalida, despidió al gerente de Recursos Humanos de Casa Matriz, René Tabilo, quien había llegado al principio de esta administración de la mano de Pablo Velozo (PS).

Tabilo no era cualquier ejecutivo de la compañía, sino que uno que venía del corazón de las cúpulas sindicales: fue presidente del Sindicato Nacional de Telefónica (Sinate), ex dirigente de la CUT y ex candidato a diputado por Estación Central, Cerrillos y Maipú, en una lista apoyada en 2009 por Marco Enríquez-Ominami.

¿Por qué el despido? Por diferencias entre Tabilo y Fuenzalida respecto a ciertos despidos.
Entre el 29 de mayo y el 11 de junio de 2016, el mencionado Tabilo y los dirigentes sindicales Érica Hidalgo, Jorge Fierro, Marcos Varas, Alejandro Avendaño, Paulo Pino y Pedro Hernández viajaron juntos a Ginebra a una actividad de la OIT financiados por la Enap.

¿Gestión privatizadora? Patrimonio pasó de US$ 83 millones a casi US$ 1.000 millones

Para algunos dirigentes sindicales, la gestión de Tokman tiene un claro sello privatizador, lo que se expresa en las negociaciones que lleva adelante la compañía estatal para venderle al grupo Linde -uno de los mayores productores de gases industriales del mundo- una participación de su planta de hidrógeno del Biobío.

En esa planta, la Enap tiene el 10% de la propiedad, mientras que el otro 90% pertenece a Sigdo Koppers. La idea es que la estatal compre ese 90% a Sigdo Koppers y luego le venda el 100% de la planta a Linde.

El negocio también incluiría el cierre de una pequeña planta de hidrógeno que es 100% propiedad de Enap, pero que está entrando en etapa de obsolescencia, y la posibilidad de que Linde construya una segunda planta en el futuro, siempre y cuando logre imponerse en una licitación que será abierta.

En Aconcagua, Linde ya es dueña de una planta que le vende hidrógeno a Enap a bajo costo. Sin embargo, la relación no ha estado exenta de problemas, según fuentes sindicales. Hace unos años, Enap demandó a Linde el pago de US$ 70 millones por diferencias contractuales, lo que se resolvió en un arbitraje en que la Enap finalmente obtuvo el pago de US$ 16 millones y precios de hidrógeno preferenciales, destacan en Enap.

“Linde se va a quedar con el 100% del hidrógeno por décadas”, afirman fuentes sindicales, que añaden que con estas operaciones la empresa estatal perdería, principalmente, el conocimiento de los trabajadores que se desempeñan en estas plantas y que se abriría la puerta a otras privatizaciones.

Fuentes de la empresa, sin embargo, entregan una visión diametralmente opuesta: primero, que en estas plantas trabajan solo cuatro personas, las que serían reubicadas; segundo, que traspasar la producción de hidrógeno a Linde permitirá dedicarse al negocio principal, la refinación de petróleo, y tercero, que si hay algo que marca a esta administración ha sido el incremento de los activos de la empresa y la ampliación de su giro, lo que le permite entrar al negocio de la generación eléctrica.

¿Qué muestran las cifras? Que si en 2012 la empresa tenía un patrimonio de US$ 83 millones, al primer semestre de 2017 tenía activos por US$ 923,7 millones, situación que se alcanzó luego de un fuerte plan de inversiones.

Entre 2007 y 2013, la empresa invirtió un promedio de US$ 350 millones al año, lo que supuso postergar una serie de acciones necesarias para crecer al mismo ritmo que la demanda del mercado nacional. A partir de 2014, el escenario cambia: ese año se invirtieron US$ 402 millones; en 2015, US$ 635 millones y en 2016, US$ 754 millones.

“Soy un convencido de que Chile requiere una empresa pública de energía. Es por eso que nos hemos jugado por fortalecer a Enap. Hemos reconstruido su patrimonio, que este año va a alcanzar su mayor valor histórico; ampliamos su giro para incluir la línea de gas y electricidad; hemos invertido cifras récord, agrandado nuestro negocio a través de la construcción de nuevas plantas y adquisiciones, recuperado el control en CEOPs en Magallanes, obtenido nuevas concesiones y extendido las existentes en Ecuador y Argentina. Solo en la refinería de Biobío estamos ejecutando un programa de inversiones por US$ 1.100 millones que más que duplica el valor de los activos actuales”, afirma el gerente general de Enap, Marcelo Tokman.

A esto se suman los resultados: la empresa generó una utilidad anual promedio de US$ 170 millones en el período 2014-2016, cifras muy por encima de las que exhibía en el período 2007-2013, cuando la empresa tuvo una pérdida promedio de US$ 127 millones por año.

“Cuando la empresa perdía plata, se deshacía de activos y despedía gente no escuché a Nolberto Díaz decir nada”, afirma una fuente de la compañía.
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