(La Tercera) “Mientras no cambien los mecanismos de evaluación ambiental y las lógicas de operación de las empresas, las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) serán igual o más conflictivas. Y ya lo estamos viendo con los parques eólicos en Chiloé y con las minihidro en La Araucanía cordillera”, dice Manuel Tironi, profesor del Instituto de Sociología de la U. Católica, sobre irrupción de las ERNC en la matriz energética.

Tironi es, además, investigador del Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad (Numies), y uno de los autores, junto a Trajan Pirkovic, de la investigación Conflictos energéticos en Chile: estudio base para el periodo 20002015. El estudio analizó 1.153 proyectos energéticos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre enero de 2000 y marzo de 2015, de éstos, 71 presentaron en algún punto de su desarrollo un conflicto socioambiental, según la investigación. La cifra equivale al 6,15% del total de proyectos, pero representan el 35,3% del total de MW ingresados al SEIA en el periodo.

El estudio concluye que las regiones de Aysén y La Araucanía poseen la mayor cantidad acumulada de proyectos en conflictos, con el 28,6% y 27,3% de todos sus proyectos involucrados en algún tipo de pugna ciudadana, respectivamente. Le siguen Los Ríos y Biobío, con 20% y 11,9%. Por su parte, las regiones de Atacama y Antofagasta son las que lideran el ingreso de potencia en el periodo, con casi cinco mil MW en conjunto. Sin embargo, estas regiones muestran bajos niveles de conflictividad.

¿El fin de los megaproyectos eléctricos en Aysén?

En la Región de Aysén el caso emblemático sigue siendo HidroAysén, aún abierto judicialmente, y en La Araucanía, las pugnas son principalmente por la instalación de 13 centrales hidroeléctricas de pasada en comunas como Curarrehue y Curacautín.

Al revisar los conflictos según el total de potencia involucrada, Aysén lidera, pero también se suman las regiones de Maule y Valparaíso, en cuyos territorios poseen el 62,3% y 53,6% de todos sus MW presentados al SEIA en el periodo de estudio envueltos en conflictos.

“La principal motivación de los opositores a proyectos eléctricos son problemas vinculados a la preservación y conservación de la naturaleza. Le sigue el tema del agua”, dice el estudio.

Tironi explica que del porcentaje de proyectos en pugna, un tercio dura más de cinco años. El caso más evidente es HidroAysén, que pese a que van más de 10 años de su ingreso al SEIA todavía no está cerrado, ya que hace tres años su caso se analiza en el Tribunal Ambiental.

A la fecha del estudio, el 54,9% de los conflictos se encontraba sin resolución y en el 12,7% de los casos las empresas habían desistido de los proyectos. Por eso, el experto ve con buenos ojos medidas como el relacionamiento temprano de las empresas con las comunidades, recomendación que hizo la comisión asesora presidencial para la evaluación del SEIA el año pasado. Sin embargo, dice que adicionalmente se debe crear una regulación territorial a escala nacional que establezca zonas protegidas.

“Estas zonas deben definirse en base a la precariedad o valor de ecosistemas naturales, pero también de comunidades y territorios. Nos ahorraríamos muchos conflictos si simplemente no se pudiesen presentar proyectos en zonas de reivindicación ancestral por parte de pueblos originarios, o en zonas saturadas, o en zonas de especial valor ecológico”, dice Tironi.

Desde Colbún, una de las dos firmas ligadas al proyecto HidroAysén, señalan que el relacionamiento temprano es una práctica común desde hace varios años en los proyectos de energía. Explican que la última gran hidroeléctrica de embalse que construyeron fue la Central Angostura (323 MW), para lo cual se realizó un proceso de socialización temprana con la comunidad un año antes de ingresar este proyecto al SEIA, en 2007.

“Nuestra experiencia en el relacionamiento temprano de ese proyecto fue un aprendizaje muy relevante, y de hecho, desde entonces ningún proyecto de Colbún se desarrolla sin antes realizar un acercamiento temprano con la comunidad”, señalan desde la firma.

Desde la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) dicen que les parece interesante la propuesta de Valor Minero (organismo público-privado) de incorporar una instancia temprana de evaluación estratégica de proyectos donde se analice su viabilidad social, en la medida que los acuerdos a los que se llegue en el marco de dicho relacionamiento tengan validez posterior ante la autoridad.

“Los tiempos que actualmente toman los trámites medio ambientales nos parecen excesivos. En nuestro catastro de proyectos de inversión, al cierre del primer semestre de 2017, registramos que el 95,2% de los proyectos “por ejecutar” tienen un retraso promedio de 399 días hábiles. Algo similar vemos en los proyectos detenidos, donde identificamos 16 iniciativas aprobadas por Estudios de Impacto Ambiental que promedian 512 días hábiles de retraso”, advierten desde la Sofofa.