(El Mercurio) Chile y algunos otros países empezaron a llevar a cabo en los últimos años un proceso de consulta indígena. Según la definición del Ministerio del Medio Ambiente, es un mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que proviene del Convenio 169 de la OIT sobre «Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes», y que surge cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. El convenio entró en vigencia en Chile en septiembre de 2009.

Según da cuenta el informe de la CPC, al 30 de septiembre de 2016, 31 proyectos han realizado -o están en curso- un proceso de consulta indígena, totalizando un monto de inversión de US$ 16.727 millones. Del total, 22 han finalizado su consulta, y nueve, que alcanzan una inversión de US$ 2.407 millones, están todavía en curso.

En el universo de los 22 proyectos que han finalizado su proceso de consulta indígena, 21 de ellos han concluido su trámite de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siendo aprobados 19, rechazado solo un proyecto, y en una ocasión el titular desistió de continuar su trámite.

Los 31 proyectos corresponden a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y un 65% proviene del sector energético, con US$ 4.530 millones de inversión. En segundo lugar viene la industria minera, que representa el 23% del total, con US$ 8.854 millones. Los restantes cuatro proyectos se reparten entre el sector forestal y de infraestructura de transporte, hidráulica y portuaria.

Duración de los procesos

Respecto a la duración de los procesos de consulta indígena que ya han sido finalizados, se registra que el promedio de los 22 proyectos es de 14,8 meses, donde los procesos más largos se encuentran en el sector energético y minero, con 16,1 y 13,5 meses, respectivamente.

El informe destaca que el promedio del plazo en el sector minero sube a 16 meses cuando no se cuenta la consulta indígena realizada por el proyecto «Sondajes de Prospección Paguanta», que -por particularidades del proceso- duró solo 49 días.

Eso sí, mirando la tendencia y evolución en el tiempo, hay indicios de que la duración de los procesos se ha ido reduciendo. Para la CPC, ello es esperable en la medida que ha existido una etapa de aprendizaje por parte de los agentes involucrados, tanto organismos públicos como titulares de proyectos y comunidades. A ello se suma que a fines de diciembre de 2014 entró en vigencia un Decreto Supremo (N°40/2012) del Ministerio del Medio Ambiente, que reguló en forma más detallada el proceso de consulta.

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