La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto presentado por el Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, perfeccionando el sistema de licitaciones de suministro para clientes sometidos a regulaciones de precios.

Principales componentes del proyecto de ley aprobado:

  • La Comisión Nacional de Energía será la responsable de elaborar las bases de licitación, mientras que las empresas distribuidoras cumplirán con los aspectos administrativos del proceso.
  • Se establece un régimen general de licitaciones efectuadas con cinco años de antelación, a modo de favorecer la competencia.
  • Se instaurará un esquema más flexible para definir los bloques de suministro y se incorporan cláusulas que permitirán a los nuevos proyectos postergar o cancelar su venta de energía en caso de que sus iniciativas se vean retrasadas por procesos inimputables a sus desarrolladores. De igual forma, se suman herramientas de revisión de precios ante variaciones en las condiciones de abastecimiento.
  • Se concretarán una serie de medidas para prevenir una situación de suministro sin contrato, como licitaciones de corto plazo y transferencias de excedentes. En caso de que se llegue a esa instancia, hasta un límite del 5% del total de la demanda regulada se asignará entre los diferentes generadores que inyectaron energía al sistema durante dichas horas y acorde los volúmenes de energía inyectada. En caso de que el suministro sin contrato supere el 5% de la demanda, se pagará a las generadoras a costo marginal.
  • Se aumentará el límite máximo de los clientes regulados de 2 MW a 5 MW, permitiéndoles a algunos clientes libres acceder a precios determinados por las licitaciones de suministro y, al mismo tiempo, mejorar sus condiciones de negociación ante los generadores.

Adicionalmente, se fija un plazo de 90 días para la formulación del reglamento respectivo, y se permite además que las tarifas de subtransmisión y transmisión troncal se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2015.

El proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.