(La Tercera) El llamado “impuesto verde” tiene sacando cuentas a las compañías eléctricas del país. Esto, pese a que el nuevo gravamen, incorporado en la reforma tributaria que se aprobó este año, se comenzará a aplicar recién durante 2017.

Pero AES Gener se adelantó y ya estimó el impacto negativo que tendrán con la aplicación del nuevo tributo. En sus estados de resultado al tercer trimestre, la compañía de capitales estadounidenses estimó en alrededor de US$ 30 millones el mayor costo por el “impuesto verde” desde su aplicación hasta el año 2020. Luego, el efecto disminuirá gradualmente hasta desaparecer hacia 2025, estima la generadora.

Lo anterior, debido a las cláusulas contractuales que le permitirán a la compañía traspasar -a contar de la próxima década- los mayores costos por cambios normativos a sus clientes finales. De acuerdo a información de AES Gener, a partir del año 2021 a la eléctrica le vencen una serie de contratos de suministro que no cuentan con esta cláusula, con lo que podrá transferir ese mayor valor a los grandes clientes. “Gran parte de los contratos de venta de energía de la compañía contienen cláusulas que permiten traspasar el mayor costo de nuevas leyes, lo que mitiga el efecto negativo de este último impuesto”, dijo la firma en su estado de resultados.

El impuesto verde contempla un tributo anual a las emisiones de CO2 y a contaminantes dañinos, como el material particulado (MP), el óxido de nitrógeno (NOX) y dióxido de azufre (SO2), que provengan de fuentes conformadas por calderas o turbinas, con una potencia térmica mayor o igual a 50 MW. Para las fuentes fijas, el impuesto será de US$ 5 por tonelada y en el sector de generación en base a carbón, según cálculos de la Asociación de Generadoras, esto se traducirá en un aumento de US$ 5 por MW/h. Para el caso del gas natural, se estima un alza de US$ 2 a US$ 3 el MW/h, lo que implicaría un aumento de hasta 1,5% en el costo. Según el gobierno, este impuesto afectará a 90 fuentes fijas de emisiones, con lo cual se espera recaudar US$ 170 millones en régimen. La cifra podría elevarse a US$ 250 millones si se desarrollan los proyectos de generación eléctrica estimativos que contempla la CNE en su plan de obras a partir de 2023.