(Pulso) La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) levantó la voz. El presidente del gremio, Jorge Mas, envió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una solicitud para que este organismo proponga a la Presidenta de la República la dictación de preceptos legales y/o reglamentarios “necesarios para fomentar la competencia” en la oferta de servicios asociados al suministro de energía eléctrica.

“Lo anterior, a fin de corregir los vacíos de la regulación actual que crean incentivos para permitir que las empresas de distribución eléctrica incurran en conductas contrarias a los principios de la libre competencia en dicho mercado”, afirma Jorge Mas.

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Según el escrito, el objetivo de esta solicitud es “corregir los vacíos de la regulación actual que crean incentivos para permitir que las empresas de distribución eléctrica incurran en conductas contrarias a los principios de la libre competencia”.

La CChC sostiene que existen una serie de vacíos que deben ser regulados, y añade que se configura un fenómeno de posición dominante en las empresas de distribución y sus servicio asociados.

Según consigna la Cámara, el mercado de la construcción debe lidiar con serias asimetrías en la información, generando falta de transparencia en el negocio: “la existencia de ventajas en costos y de ventajas de control por parte de las empresas de distribución sobre instancias críticas de los proyectos de construcción, entre otros factores, permiten a estas empresas desplegar conductas estratégicas que obstaculizan la competencia en el mercado”.

De acuerdo al recurso no contencioso enviado por Jorge Mas, los problemas en cuestión se observan particularmente en los servicios de instalación de empalmes eléctricos, de alumbrado público y traslado de postes de luz al interior de los proyectos inmobiliarios que se encuentran en el área de concesión eléctrica.

En el caso de los proyectos de empalme y alumbrado público se configuran una serie de prácticas que, a juicio del gremio, “causan graves y directos daños a las empresas constructoras e inmobiliarias, los instaladores externos que compiten (actual o potencialmente) con las empresas de distribución en la prestación de servicios asociados y, muy especialmente, los adquirentes de nuevas viviendas”.

Según acusa la CChC, las empresas de distribución retrasarían injustificadamente la entrega de los presupuestos, proyectos y certificaciones que los desarrolladores inmobiliarios les solicitan, y este retraso aumentaría los costos de la obra, generando incertidumbre que desincentiva contratar con terceros. Asimismo, manifiesta que dichas empresas proveedoras entregan presupuestos insuficientemente desagregados que impiden comparar con otros actores del mercado.

Entre otras medidas, el petitorio del gremio solicita que se dicten normas que fomenten la transparencia y publicidad en la oferta de servicios asociados y sus tarifas, y que se propicien organismos certificadores de instalaciones eléctricas independientes de las empresas de distribución, autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC.